Niega el jefe del Ejecutivo haber utilizado el concepto "guerra"

El presidente Felipe Calderón sostuvo que no ha usado el concepto guerra para referirse a la estrategia de combate al crimen organizado. Yo no lo he usado y sí puedo invitar a que revise todas mis expresiones públicas y privadas. Yo he usado el término de lucha contra el crimen organizado y lucha por la seguridad pública.

El mandatario habló así en respuesta a los cuestionamientos de representantes de organizaciones civiles acerca de su conceptualización del combate al crimen organizado.

Miguel Treviño Hoyos, director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León, sostuvo durante su intervención en los Diálogos por la Seguridad, que se desarrollaron en el Campo Marte, en la ciudad de México: “Señor Presidente, si ya eligió usted el concepto de guerra para definir lo que estamos viviendo, no puedo imaginar tarea más importante para el comandante supremo que asegurar la unidad de propósitos y la coordinación de todas las instancias públicas que participan en ella.

Por las condiciones internacionales, el fenómeno que vivimos, el poder del Estado no puede radicar en el acopio de armas y recursos bélicos; nunca como hoy, el poder del Estado tiene que radicar en la evidente superioridad moral de sus medios y fines, y en la posibilidad de organizarse en los tres niveles de gobierno para que cada uno no jale por su lado.

En respuesta, Calderón sostuvo: “Yo no he usado, y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis expresiones públicas y privadas. Usted dice: usted ya eligió el concepto de guerra. No. Yo no lo elegí.

Yo he usado permanentemente el término lucha por la seguridad pública y lo seguiré usando y haciendo, pero independientemente del tema o denominación que se quiera dar, coincido con usted, la legitimidad del gobierno radica en la medida en que actúe conforme a la ley.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2006, durante una reunión con empresarios españoles, Calderón aseguró que su gobierno trabajaría para ganar la guerra a la delincuencia.

Asimismo, el mandatario utilizó la palabra guerra el 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con integrantes de la Secretaría de Marina con motivo del fin de año. Ese día, Calderón señaló: La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad, que es de las mayores amenazas para el presente y el futuro de México, y agregó que su gobierno inició este año (2007) sin dar tregua al crimen organizado. En el mismo acto, mencionó que la lealtad y eficacia de las fuerzas armadas son una de las más poderosas armas en la guerra.

Además, en la página web de la Presidencia de la República se puede encontrar lo dicho por el Presidente el 12 de septiembre de 2008, cuando encabezó la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar: En esta guerra contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel, porque rescataremos uno a uno los espacios públicos, los pueblos y las ciudades en poder de malvivientes, para devolverlos a los niños, a los ciudadanos, a las madres de familia, a los abuelos.

La Jornada

Menos mal. Hérnandez

30 mil muertos después - Helguera

Canción de moda. El Fisgón

Ante la realidad...

¡Basta de sangre!

Salvador García Soto
El Universal

Si la realidad es percepción y la percepción dice que los mexicanos se sienten inseguros y perciben una violencia fuera de control, y un Estado rebasado por la guerra que él mismo desató, entonces ésa es la realidad. Las expresiones de la sociedad no comparten el optimismo oficial que celebra que “ya capturamos a 51% de los criminales más buscados”; son muestras del rechazo al argumento de la violencia como “mal necesario” y como señal de que “avanzamos en la estrategia”; de que muchos no se resignan al miedo y la zozobra, ni a que la vida de civiles inocentes sean sólo “daños colaterales”.

El lunes, en Los Pinos reaccionaron con molestia ante la campaña “¡Basta de sangre!” lanzada por cartonistas e historietistas, y retomada de inmediato por otros grupos sociales. Lejos de escuchar el planteamiento de fondo de quienes piden que pare la violencia y se ponga freno a la espiral sanguinaria de muerte, crueldad y desprecio por la vida humana que se abate sobre México, la respuesta del gobierno de Calderón fue mandar a su vocero, el iracundo señor Poiré, a contestar con cifras y porcentajes que, por ciertos que sean, no impactan ya la percepción ciudadana.

Porque si de cifras se trata, al menos tres datos, dos internos y un externo, contradijeron el discurso oficial. Desde afuera, México fue visto y ubicado como uno de los seis países más violentos del mundo por el Barómetro de Conflictos 2010 de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que por primera vez dio el grado 5 —en una escala del 1 al 5— al conflicto por el narcotráfico en territorio mexicano, al que catalogó como “guerra”. El instituto que realiza anualmente ese análisis mundial de conflictos comparó los niveles de violencia en México con los que viven países como Afganistán, Paquistán o Somalia.

Pero si desde afuera la percepción es negativa, adentro también hay indicadores recientes que documentan el cansancio y hartazgo ciudadano ante la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico.

El INEGI reportó que el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) disminuyó en 2010 para ubicarse por debajo de los niveles del año 2009. Es decir, que los ciudadanos sienten que la inseguridad es peor que hace un año y creen que todavía empeorará más en el año que comienza.

Una investigación documental del sociólogo Fernando Escalante Gonzalbo, publicada en la revista Nexos, expone que entre 2008 y 2009 los homicidios en México tuvieron un crecimiento brutal “por encima de toda lógica social y de cualquier tendencia estadística previa”, y con base en el análisis de las actas de defunción registradas ante el INEGI en todo el país, logra probar que los lugares donde más se dispararon los asesinatos violentos y se disparó el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes, fue precisamente en donde hubo presencia del Ejército o de los operativos federales de combate al narcotráfico.

Es decir que, del incremento de 5 mil 100 crímenes más que hubo de 2007 a 2008, y otros 5 mil 100 asesinatos más de 2008 a 2009, Escalante concluye, tras su cruce de documentos, estadísticas e información, que, si bien hay otros actores armados y una crisis del orden desde los municipios, el aumento de los homicidios y la violencia asociada a ellos no fue sólo por “las disputas entre narcotraficantes por los territorios”, que suele ser el argumento oficial más socorrido, sino que buena parte de la violencia también se genera por la forma en que el gobierno combate a la delincuencia con sus operativos centrados sólo en la fuerza.

La conclusión es que cada vez más mexicanos perciben una situación de violencia fuera de control. “¡Basta de sangre!”, resume el clamor de quienes no piden que cese el combate al crimen ni al narcotráfico, pero sí exigen modificar y ajustar la estrategia gubernamental que ha ensangrentado a buena parte del país para que, sin dejar de perseguir a los criminales con toda la fuerza del Estado, la prioridad del gobierno y del presidente Calderón no sea “acabar con la droga” —que, por lo demás, difícilmente se acabará—, sino proteger a los ciudadanos y dar a la población la tranquilidad y la seguridad que exige y a la que tiene derecho.

Alto a la violencia

Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la guerra en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República. Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.

Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.

Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.

Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.

A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta guerra han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.

La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.

La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.

El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender una guerra –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.

Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.

Editorial
La Jornada

Caricaturistas mexicanos promueven la campaña '¡Basta de sangre!'

En un país con 30,196 muertes violentas vinculadas a la guerra contra el crimen organizado iniciada por el presidente Felipe Calderón, no es tan difícil imaginar por qué un caricaturista encabeza la campaña ¡Basta de sangre!

Bajo la iniciativa de Eduardo del Río, Rius, uno de los moneros más importantes del país, el objetivo es impulsar, a partir de este 10 de enero, un movimiento ciudadano que exija poner un alto a la violencia que padece el país.

Los promotores, entre los que se encuentran otros caricaturistas mexicanos como José Hernández (@monerohernandez) y Patricio Monero (@monosdepatricio), piden a los ciudadanos que en un pedazo de papel escriban la frase "¡Basta de sangre!" y que la coloquen en sus autos, ventanas y puertas de su casa o en centros de trabajo.

"Estamos proponiendo que no sea una campaña de caricaturistas o de periodistas sino estamos invitando a la gente, a cualquier que esté harto y que crea que esta guerra es absurda y que el crimen no se termina a balazos, que se manifiesten", dijo Patricio en entrevista con CNNMéxico.

En la campaña, en la que participan más de 10 caricaturistas mexicanos, se propone manifestarse en las redes sociales como Facebook y Twitter, usando la imagen realizada por Alejandro Magallanes como foto de perfil o avatar.

En la revista El Chamuco, donde publican sus cartones algunos de los promotores, se recogió la convocatoria: "¿No te sientes mejor por estar haciendo algo por ti y tu familia, y hasta por tu patria? En vez de quedarte con los brazos cruzados esperando a ver a qué horas le toca un plomazo a alguno de tus seres queridos, y entonces sí ponerte a llorar y protestar, ya estás haciendo algo".

La llamada guerra por la seguridad inició en diciembre de 2006 con el presidente Felipe Calderón. Entre las entidades más afectadas por la violencia están Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero.

Algunas corrientes de oposición, académicos y organizaciones civiles han pedido que se cambie de estrategia en el combate a la delincuencia. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que seguirán encarando frontalmente a las bandas del crimen para "garantizar la seguridad" de las familias mexicanas, aunque esto "nos va a tomar pérdida de vidas humanas", según las palabras de Calderón en octubre pasado.

"Nosotros, como colectivo de caricaturistas, al principio del sexenio, desde que tomó posesión Calderón y anunció su supuesta guerra, fuimos los primeros en decir que era absurda y que sólo iba a acarrerar mucho más violencia y asesinatos", dijo Patricio.

En su mensaje de año nuevo, el presidente mexicano dijo sobre la lucha contra el crimen: "puedo asegurarles que estamos avanzando por la ruta correcta y que vamos a derrotar a los criminales, para construir finalmente un México de paz, un México seguro, un México donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor".

Helguera. Diversión.

El Fisgón. Ya no más.

Hernández . No más...